El Comercio Justo ante la emergencia climática.
(El texto que lees a continuación es una adaptación del manifiesto emitido por las principales redes y organizaciones de Comercio Justo a nivel internacional, entre las que está la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, ante la inminente celebración de la COP26)
Aunque todas las personas estamos afectadas por los efectos de la crisis climática, no todas los sufrimos en la misma medida.
El cambio climático no es justo, impacta en mayor medida en las poblaciones rurales que viven de la agricultura y que ya de por sí se encuentran en una situación de vulnerabilidad y pobreza.
Las pequeñas organizaciones agrícolas, que producen el 70% de la alimentación mundial, deben ser parte de la solución a la crisis climática. Desempeñan un papel vital en la alimentación del mundo, y lo hacen de forma sostenible. Sus voces deben ser escuchadas y sus preocupaciones deben ser tenidas en cuenta.
Por ello, a pocos días del comienzo en Glasgow de la COP-26, Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, las principales organizaciones de Comercio Justo hacemos un llamamiento a la reflexión.
La profunda desigualdad surgida de un modelo comercial obsoleto e injusto que perjudica por igual a las personas y al planeta, con la actual pandemia de COVID, se hace más visible. La necesidad de acabar con las marcadas desigualdades estructurales globales y de reconstruir nuestro sistema económico de forma socialmente justa y respetuosa con el planeta es cada vez más urgente.
No hay justicia climática sin justicia comercial.
El cambio climático es un problema global que nos urge a tomar consciencia de cómo el modelo actual de producción y consumo es insostenible, y se hace imprescindible apostar por la justicia en el comercio. Para avanzar en los objetivos climáticos se hace necesario romper el círculo vicioso de pobreza y degradación ambiental, y desde el movimiento del Comercio Justo creemos que las familias agricultoras son una parte clave de la solución para lograr un futuro sostenible.
Garantizar unos salarios dignos es un paso fundamental para avanzar. Los cambios en el clima afectan negativamente a sus ya de por sí bajos ingresos, lo que dificulta la inversión en modelos de producción sostenible, retroalimentando la degradación ambiental y la pobreza..Unos salarios justos son, además de un derecho, necesarios para invertir la tendencia a la degradación del medio ambiente.
Necesidad de regulación y legislación para las empresas.
El movimiento de Comercio Justo lleva mucho tiempo exigiendo la transformación de los modelos empresariales que perpetúan la pobreza en las comunidades marginadas de todo el mundo. Este comportamiento empresarial es una constante en las cadenas de suministro agrícola, producción textil y de calzado, minería y tantas otras.
La legislación tiene un papel clave que desempeñar. Si queremos avanzar hacia una producción y comercio sostenibles, los compromisos voluntarios de las empresas no son suficientes. Las empresas tienen que rendir cuentas en lo referente a la protección de los derechos humanos, laborales y medioambientales a lo largo de sus cadenas de suministro.
Por otra parte, las organizaciones productoras que se encuentran al principio de las cadenas de suministro se enfrentan a condiciones duras e inciertas, al tiempo que tienen un acceso limitado a las oportunidades de mercado adecuadas que les permitan una vida sostenible. La expectativa de que las pequeñas organizaciones agrícolas tengan que invertir para aumentar su resistencia al clima hace su situación aún más difícil. Los cambios en los patrones climáticos ejercen una mayor presión sobre los bajos ingresos de las pequeñas organizaciones agrícolas, que se ven cada vez más presionadas por los bajos y volátiles precios de su producción. Además, se enfrentan a crecientes exigencias de transición hacia modelos de producción sostenibles, sin recibir el apoyo y los incentivos necesarios para ello. Es necesario que las decisiones políticas proporcionen herramientas financieras accesibles para las pequeñas organizaciones agrícolas.
Según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Iniciativa de Política Climática de la ONU, menos del 2% de la financiación climática llega a las pequeñas organizaciones agrícolas.
Quienes menos han contribuido a la crisis climática son quienes más se enfrentan a sus efectos negativos. No podemos esperar que las pequeñas organizaciones agrícolas sean las que asuman por sí solas todos los costes de la adaptación al cambio climático. Todos los socios comerciales deben asumir su responsabilidad y asociarse para superar los costes de esta necesaria transformación. Es una cuestión de justicia climática, de derechos humanos y de dignidad.
Modelos empresariales más sostenibles y transparentes.
Las empresas están modelando el planeta. Las que integran la sostenibilidad y la acción climática en sus operaciones principales, aunque no son mayoritarias, son una realidad: aplican los principios del Comercio Justo para lograr una mayor sostenibilidad social y medioambiental al tiempo que son comercialmente viables.
Este tipo de modelos empresariales alternativos son un componente vital para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y constituyen un posible camino hacia un futuro. Desde el movimiento del Comercio Justo hacemos un llamamiento para volver a construir modelos empresariales alternativos más justos que integren la sostenibilidad y la acción climática en su actividad principal y abran el camino hacia modelos de producción y consumo más sostenibles.
Ante la COP-26, desde el movimiento de Comercio Justo pedimos a los gobiernos y representantes que exijan una mayor transparencia a las grandes empresas en cuanto a sus compromisos de sostenibilidad y de garantizar medios de vida dignos a los trabajadores/as. También pedimos a los Estados que pongan en marcha políticas públicas y medidas que favorezcan los esfuerzos positivos que hagan las empresas en este sentido.
Es necesario avanzar en las legislaciones llamadas de “debida diligencia” que se están desarrollando en la Unión Europea y en diferentes países: son leyes que permitirán penalizar a las empresas que no cumplan con las regulaciones climáticas, y que garantizarán a las personas afectadas sus derechos y el acceso a recursos legales para denunciarlos.
Por último, las entidades de Comercio Justo demandamos que la política comercial global, y por tanto los acuerdos comerciales entre regiones y/o países establezcan como requisitos vinculantes el cumplimiento de las normas medioambientales más estrictas y un compromiso firme con los Acuerdos de París y los Derechos Humanos.